La seguridad turística ha de jugar un papel integral e
integrador en todo destino turístico y, además, debe verse reflejada en los
servicios de seguridad que el turista ha de recibir. Cuando el turista es la víctima de cualquier hecho o
situación violenta, crítica e insegura, parece razonable que exista un sistema
o proceso de seguridad turística que le ampare y cobije. Pero ese mismo sistema ha de estar preparado para dar
el servicio, tanto preventivo como paliativo, cuando el turista es el malhechor
o el brazo ejecutor de ciertas actitudes violentas y delictivas.
En ambos casos, los procesos han de ser claros y
concisos. Muchos de ellos estarán diseñados para dar servicio a la ciudadanía
local, sin embargo, sin dejar de hacerlo, han de tener la capacidad de ser
ofrecidos y estar dirigidos para y por los turistas. Cuando el turista es el malhechor, se dan una serie de
circunstancias que es necesario reflejar:
a) Por un lado, los procesos existentes para todo tipo de delitos
en cualquier país o destino turístico, se verán incrementados por la complejidad que supone que el malhechor
sea un extranjero o turista.
b) Ese mismo país y sus intereses, tanto públicos como privados, soportan una inseguridad que viene del exterior, y que además incide negativamente en los mercados y países de procedencia de esos
turistas – delincuentes.
c) Esta incidencia negativa se basa habitualmente en las dudas
que surgen sobre el funcionamiento de ciertos servicios y estructuras públicas
y privadas de esos países – destinos
turísticos.
d) Finalmente, todo ello se ve reflejado en la imagen y percepción
externa, con productos y atractivos turísticos que quedan en entredicho por la
violencia generada por los propios visitantes y turistas.
En definitiva, la singularidad y vulnerabilidad del
hecho turístico queda claramente reflejada; además de soportar una violencia e
inseguridad producida por personas o turistas, el destino puede ser percibido como
un lugar inseguro, en el que los procesos preventivos y paliativos de seguridad
no están ajustados a las necesidades de los turistas.
El manejo de esta violencia e inseguridad debe ser
asumida por los destinos, superando con ello el lamento y lo injusto de la
situación. Deberá de ser un manejo que se base en las particularidades del
sistema de justicia existente en los destinos y las particularidades del sector
y de los turistas, aunque estos últimos sean los que hayan cometido el delito.
La posterior comunicación a los colectivos, entidades,
medios e intermediarios previamente identificados, permitirá mitigar los daños
de imagen y percepción que estos hechos causan a los intereses turísticos de
los destinos.
