martes, 5 de junio de 2018

LA CLASE POLITICA Y EL MANEJO DE LA SEGURIDAD TURÍSTICA (y II)



 Viene de la primera parte…


Cuando hablamos de la comunicación interna, me refiero a los responsables institucionales turísticos que son los que deciden en materia turística. ¿También en seguridad turística?  Pero he de confesar que, transmitirles una mera queja o reclamación por la incidencia negativa de la inseguridad, no hace más que simplificar y serenar puntualmente el desconcierto que la violencia crea en la sociedad y sector. Y esto ocurre porque es más sencillo orientar el foco sobre esa institución que, demandarle una solución más sólida con respecto a la realidad existente.
Por otro lado, cuando la violencia se hace más presente, la indignación y las llamadas a la ejemplaridad van en aumento pero, tampoco existen garantías que se esté obrando conforme a lo que exige el momento social y sectorial.
Asimismo, cuando la violencia desborda toda línea roja, surge una fuerte explosión emotiva y reivindicativa en la sociedad y sector. Pero esta fuerte expresión tampoco ayuda a que se sepa realmente lo que se está haciendo para superar esta situación límite. Es más, los resultados alcanzados normalmente son menores de lo que se tenían in mente poder obtener.
El otro gran recurso para intentar superar la de inseguridad de los destinos; es la de los expertos que trabajan en esta materia. Normalmente, la actividad marcada por la inseguridad, hace que los expertos se encuentren cohabitando con todo un cúmulo de contradicciones, lo que hace que sus actuaciones y propuestas no coincidan con el nivel de conocimiento que se les supone ni con los objetivos que se desean alcanzar.
En este escenario tan movedizo e indefinido, considero que la sociedad y el sector han de desarrollar una rigurosa función reivindicativa y de fiscalización sobre las instituciones turísticas y no turísticas.
Pero también quiero reseñar que, realmente el problema no son las tácticas de comunicación ni la supuesta falta de entronque de los expertos. Y con ello me adelanto y afirmo que, haríamos mal en responsabilizar solamente a determinadas personas e instituciones.
¿Y por qué hago esta afirmación? Porque lo que se debe mejorar entre las instituciones es, el conjunto de procesos que se han de poner en marcha para contrarrestar la violencia e inseguridad social y por extensión turística. Y para ello se deberán de mejorar las capacidades de colaboración. En concreto, no tendría por qué aumentar la musculatura de la institución turística, sino que la misma deberá de actuar inteligentemente dentro de una obligada dotación de conocimiento colectivo.
En este sentido deseo señalar que, los márgenes que tienen la mayoría de los ministerios de turismo no están en consonancia con su nivel de producción y de exportación. Son márgenes muy estrechos debido al reparto de  unas cuotas de poder y de influencia que les impiden disponer de una gama más amplia y variada de recursos humanos, fondos, soportes, etc..

Pensemos que la complejidad de la violencia e inseguridad no tiene porqué suponer una pérdida de protagonismo para ninguna de las instituciones, sino que dicha complejidad, les está invitando a poner en marcha iniciativas de aprendizaje transversal.

Por lo tanto, la seguridad social y turística de la mayoría de los destinos exige que las instituciones interactúen, “también en solfa turística”, desde sus diferentes influencias políticas.

Con ello, los gobiernos deben de ir superando la mera utilización retórica de la frase “el turismo debe de convertirse en una política de estado”.  Esperemos que así sea y más, cuando la violencia hace que todo se vuelva más frágil e inestable.   

El no hacerlo, supondrá que la verticalidad propia de unas instituciones trasnochadas siga disponiendo de una visión cortoplacista que, en nada beneficia a la seguridad de las naciones y de su sector turístico.

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